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Un vecino se querella contra Adigsa e Incasol, empresas pertenecientes a la Generalitat de Cataluña
 Colectivo Cádiz Rebelde (Barcelona).- Ayer declaraba ante el Juzgado de Instrucción número 13, de los de Barcelona, A.F.T., tras presentar una querella por delitos de estafa y coacciones contra ADIGSA e INCASOL, empresas pertenecientes a la Generalitat de Cataluña y responsables, respectivamente, de las políticas de vivienda y suelo. La querella se refiere a distintas irregularidades, incluidos sabotajes al domicilio del demandante, ocurridas a lo largo del proceso de expropiación que afecta a distintos edificios de la zona "Plan Viviendas del Gobernador", en el barrio barcelonés de Trinitat Nova.
Según el vecino, en 1996, mediante expropiación forzosa, la Generalitat le obligó a vender su piso al INCASOL, a un precio simbólico de 700.000 pesetas, a cambio de una vivienda nueva en pago por la expropiación.
Durante el proceso de negociación, Carlos Blasco, representante de ADIGSA, le comunicó que los nuevos inmuebles superan en metros cuadrados a las viviendas expropiadas, y que para tener acceso a ellos ha de aportar tres millones de pesetas.
Desde entonces, y mientras finaliza el proceso de expropiación, el precio por la nueva vivienda ha crecido, según AFT, hasta los quince millones de pesetas. El vecino, que se ha negado a abandonar su propiedad, ha denunciado en la querella numerosos sabotajes contra la puerta y la cerradura, para forzarle a abandonar la casa y acceder a las condiciones establecidas por ADIGSA y el INCASOL.
Trinitat Nova es uno de los barrios afectados por la estafa de las construcciones con aluminosis (cemento en mal estado) durante los años 60 y 70, aunque en el caso los edificios afectados se encuentra en perfectas condiciones.
Según el demandante, las razones para el derribo de estas edificaciones no tienen relación alguna con la calidad de la construcción, ni tampoco con las condiciones de habitabilidad.
Tras declarar ante el juez, el demandante, a quien hace unas semanas el Colegio de Abogados le denegaba el derecho de Justicia Gratuita (abogado de oficio), ponía de relieve que el abogado de la defensa se había personado en nombre del gerente Carlos Blasco, pero no de ADIGSA.
En este sentido, el afectado teme que ésta pueda ser una maniobra de la empresa para evitar la querella, al poner en su lugar a una persona física.
No es la primera vez que empresas de capital institucional se encuentran involucradas en casos de irregularidades o acoso inmobiliario en Barcelona. En mayo del 2003, tres entidades vecinales presentaban un contencioso administrativo contra FOCIVESA, empresa de capital mixto responsable de la gestión urbanística del centro histórico, por llevar a cabo un fraude sistemático en los procesos de expropiación forzosa.
Según las asociaciones vecinales, la empresa se habría ahorrado hasta 2.000 millones de pesetas en indemnizaciones, al provocar deshaucios ilegales, mediante "abusos de poder, coacciones y engaños".
Mas allá de los casos de violencia explícita, las cartas con plazos de desalojo falsos y que no corresponden a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa, o con amenazas veladas de no cumplir con la obligación de realojo, son algunos de los métodos denunciados desde las asociaciones.
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