/ 02.03.04 /
El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que investigó la violencia política de las dos últimas décadas en el Perú, no fue tomado en cuenta por el Gobierno, ya que en el país continúa la exclusión social, aseguraron hoy los ex integrantes de ese grupo.
El poco eco que ha recibido el informe de parte del Gobierno y la sociedad sirve de confirmación de que las voces que no fueron escuchadas en el pasado tampoco son escuchadas hoy", afirmó el filósofo Salomón Lerner, quien presidió la comisión investigadora que conformaron otras once personalidades.
La Comisión presentó en agosto del año pasado (2003 ), tras un trabajo de 22 meses, un informe sobre la violencia política que sacudió a Perú en entre 1980 y 2000 por el accionar de grupos terroristas, como Sendero Luminoso, y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad encargadas de reprimir a los insurgentes.
Seis meses después de presentado el informe, donde por primera vez se hacía mención expresa al racismo, a la discriminación y a las causas que dieron origen a hechos de violencia, los ex miembros de la Comisión se pronunciaron por "cambios concretos" que acaben con los ciudadanos "de primera y segunda clase".
El ex comisionado Enrique Bernales consideró que "sin reformas institucionales no puede haber reconciliación, hoy el Perú del 2004 es igual o peor del país de 1980 donde se generó esta situación de violencia".
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"Nos resulta inconcebible e inaceptable que hoy en día, que se habla de Acuerdo nacional o de pactos sociales, no se hayan tomado en cuenta nuestras propuestas incluidas en el informe final, que busca acabar con la exclusión y que haya justicia en las relaciones sociales", agregó.
En opinión de la Comisión, el 75 por ciento de los muertos por la violencia política en el período investigado tenía el quechua u otras lenguas nativas como idioma, además de que hubo una estrecha relación entre el hecho de ser pobre y excluido socialmente y la probabilidad de ser víctima de aquellos episodios que ensangrentaron al Perú.
Para Lerner, el Poder Judicial y el Congreso peruanos "han tenido un silencio elocuente" frente al informe de la Comisión, por lo que reclamó un "pronunciamiento concreto" en los 43 casos concretos de violaciones a los derechos humanos incluidos en el trabajo.
"Se ha optado por la disputa menuda sobre temas baladíes que nos oculta ver los temas fundamentales. Los medios de comunicación se han complacido en la banalidad y la frivolidad y no se han detenido a extraer enseñanzas de la época violenta que vivimos", destacó el filósofo. El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación "es un gran relato de marginación, de exclusión y de desprecio de peruanos y si persistimos con esta ceguera frente a los temas cruciales que enfrentamos nuestra democracia tendrá poco futuro", concluyó Lerner. La Comisión había señalado que los gobiernos presididos por Fernando Belaunde (1980-1985), Alan García (1985-1990) y Alberto Fujimori (1990-2000) "no estuvieron preparados, abdicaron de sus responsabilidades y no supieron afrontar el problema de la violencia en democracia". El ex comisionado Carlos Iván Degregori refirió a EFE que "es fundamental incluir las recomendaciones" del informe de la Comisión en los acuerdos que impulsa el Gobierno presidido por Alejandro Toledo "para que la clase política discuta sobre las razones y causas de la violencia y como evitarla en el futuro". Durante el pronunciamiento de los ex comisionados se presentó el libro "Hatun Willakuy", una versión en lengua quechua de 400 páginas del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que consta de nueve tomos y seis anexos. (terra)
/ 28.08.04 /
Perú: justicia lenta frente atrocidades
El Defensor del Pueblo de Perú dice que se han hecho pocos progresos para hacer comparecer ante la justicia a los responsables de atrocidades durante la guerra que en los años 90 libraron las fuerzas militares contra los insurgentes de Sendero Luminoso.
El Defensor Walter Alban subrayó que luego de un año de que la Comisión de la Verdad, auspiciada por el gobierno, presentará un informe en el que denuncia que las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
Según Alban, no se ha avanzado ni un 10% en el cumplimiento de sus recomendaciones de aclarar la verdad, castigar a los culpables y lograr la reconciliación del país.
Según la comisión, unas 70.000 personas murieron durante el conflicto.
Alban también advirtió que la justicia militar no debe ser empleada en casos de presuntas violaciones a los derechos humanos porque, en sus palabras, pueden convertirse en "mecanismos de impunidad".
Tribunal especial
El informe sobre la violencia interna en Perú entre 1980 y 2000 elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación habla de 47 casos que abarcan crímenes de lesa humanidad sobre unas 1.647 víctimas y que implican a 371 sospechosos, en su mayoría militares.
Entre los delitos más comunes resaltan fusilamientos, desaparición forzada de personas, torturas, delitos sexuales y detenciones arbitrarias.
Actualmente, la justicia peruana lleva procesos contra 161 militares y policías. De estos, 89 se han puesto a derecho, y sobre el resto pesan órdenes de captura, pero sólo 28 han sido detenidos.
Para evitar lo que describe como "lentitud endémica de la justicia" en Perú, Alban urgió al gobierno a crear un tribunal especial dedicado exclusivamente a violaciones de los derechos humanos vinculadas a la lucha contra la insurgencia.
Se piensa que muchos de los perpetradores de los crímenes y abusos siguen en servicio activo para las fuerzas armadas o la policía, pero el gobierno no ha revelado sus nombres a la justicia peruana.
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/hi/spanish/latin_america/newsid_3607000/3607174.stm
/29.08.04/
HALLAN TRES FOSAS COMUNES EN APURIMAC / ANTABAMBA
La Fiscalía Mixta de Chumbivilcas, Cusco, descubrió en Antabamba, Apurímac, tres fosas clandestinas en las que se presume estarían los restos de ocho campesinos secuestrados en 1990 por militares que se los llevaron con rumbo desconocido tras asesinar a 11 personas en la comunidad de Ccashahui, en Chumbivilcas.
En el hallazgo participaron la fiscal Gloria Soto, policías y representantes de la Vicaría de Sicuani y del Centro de Estudios de Investigación Antropológica. Dos de las fosas fueron halladas en el sector llamado Ccocho, a dos horas de viaje de Antabamba. Estaban cubiertas con rocas.
La tercera fosa está ubicada en la propiedad de Aniceto Bustinza, también en Antabamba. Pero si se tratara de los ocho desaparecidos, ¿cómo es que habrían llegado hasta esos parajes? Según la fiscal Soto esa fue la ruta de retorno de los militares de la base militar de Antabamba que los habrían eliminado de a pocos.
(larepublica/Carlos Carrillo)
