DE LA VEGA, A POR EL MUSEO DE LAS CULTURAS AFROMESTIZAS
Se sospecha que Hubert de la Vega es uno de esos funcionarios con “visión exitosa”; es decir, enjundiosos, aferrados, obstinados en ganar de todas todas, hasta las más duras batallas. Aunque ahora se le nota más endurecido que antes. Y me refiero al asunto del Museo de las Culturas Afromestizas. Don Huberto quiere que el museo esté bajo su tutela. No se entiende de otro modo su pretensión de que se “transforme en Establecimiento Coordinado de Servicios Culturales”; sobre todo porque en la propuesta de acuerdo, signada por su jefe, René Juárez Cisneros, se establece que “La administración del Establecimiento contará con un Comité Directivo y con un Director”, y se detalla –en un prosa harto desaliñada– que “El Comité Directivo estará presidido por el Director General del Instituto Guerrerense de la Cultura; la Secretaría, la ocupará un ciudadano distinguido nombrado libremente por el Presidente Municipal y, por cinco Vocales, tres de ellos nombrados por el Secretario de Educación Guerrero y dos por el H. Ayuntamiento Municipal”. Me aparentizo con un paréntesis cuasi literario: después de leer un texto con una sintaxis tan descompuesta y desquiciada, entiende uno que el IGC sea un mero adminículo apenditicio, donde se refugian funcionarios mediocres, generalmente, cuyas pretensiones de administrar la cultura de un estado son mal fantasiosas y nocivas porque estimulan la mediocridad y el conformismo de los creadores que se acogen a sus beneficios. Y cierro este paréntesis yendo al extremo: ¿Qué esperar de un instituto de cultura, si sus funcionarios ni redactar saben?
Recupero el aire discursivo, regreso a la historia del Museo: Acertó Andrés Manzano, presidente municipal que impulsó su creación, cuando propuso al Cabildo Municipal que la administración del Museo quedara en manos de una asociación civil –Museo Comunitario Cuijla, A. C. (MusCom Cuijla, A. C.)–, sabiendo que las transiciones de los gobiernos municipales en Cuajinicuilapa, en los últimos tiempos, han sido violentas, y cuya marca distintiva es la pretensión del recién llegado presidente en borrar las huellas del anterior y tirar por la borda el trabajo realizado. Una medida preventiva. “Dicho y hecho”, dice el dicho. Cuando Andrés concluyó su periodo, el siguiente presidente municipal, Constantino García Cisneros, pretendió desaparecer el Museo, y no lo logró en gran medida porque una asociación civil lo sostuvo y administró, bien que mal. La medida preventiva funcionó. La sociedad civil asumiendo su papel, sobre todo porque en algunos sectores de la población se reconoce importante el Museo en la afirmación de la identidad cultural de los afromexicanos.
Durante el gobierno de Constantino García Cisneros, Hubert de la Vega, director operativo del IGC, visitó varias ocasiones Cuajinicuilapa para conversar y negociar con la asociación civil administradora del Museo y el Ayuntamiento Municipal. Las coincidencias ocurrieron entre los primeros; el presidente municipal nunca acudió ni envió representante, a pesar de las invitaciones de los anteriores. El acuerdo fundamental entre el IGC y MusCom Cuijla, A. C. era colaborar para que el Museo funcionara en mejores condiciones, aportando el gobierno del estado y el municipal recursos económicos, humanos y de otro tipo para ello; se habló, incluso, de inaugurar un festival cultural de la Costa Chica y hasta se presentaron propuestas de programa. La primera dificultad era convencer al presidente municipal para integrarse y colaborar en el mantenimiento y administración del Museo: de la Vega se comprometió a utilizar su posición como funcionario para llamar a García Cisneros y, apoyado en la normatividad que regula las relaciones entre el gobierno estatal y municipal, firmar acuerdos para establecer la participación del municipio. La siguiente reunión serviría para que las tres partes –luego del trabajo de convencimiento del IGC con el presidente municipal– firmaran los documentos respectivos. Era el año 2001. La reunión nunca ocurrió. Ambos funcionarios dejarían sus cargos por otros de mayor rango.
Vendría a gobernar el municipio, Alejandro Marín Mendoza. Tampoco mostró interés en apoyar la administración y el mantenimiento del Museo. Claro que no desaprovechó su existencia: nombró un Director del Museo Municipal, quien fungió durante un año, cobrando un salario que no ganaba. Nombró también Marín Mendoza a alguien que se encargaría de la biblioteca municipal, en custodia de MusCom Cuijla, A. C., y un empleado del Museo. El único inconveniente es que tales personas sólo aparecen para cobrar su salario y no desempeñan el trabajo correspondiente. Y la aportación que decidió hacer para la administración del Museo asciende a cinco mil pesos mensuales. De Hubert de la Vega lo único que se supo en este tiempo fue que envió algunos embajadores para sondear a la gente de MusCom sobre el estado de ánimo de sus socios y de su disponibilidad al diálogo. Lo menos que debió saber fue que no le creían porque los había dejado colgados de la brocha. La idea más recurrente era considerarlo un mentiroso e irresponsable. Trascendió que conversó con Marín Mendoza y éste manifestó su buena voluntad para participar.
A mediados de la semana pasada se recibió en las oficinas de la presidencia municipal un documento titulado Acuerdo que transforma al Museo de las Culturas Afromestizas “General Vicente Guerrero Saldaña” de Cuajinicuilapa, Guerrero en Establecimiento Coordinado de Servicios Culturales, emitido por el gobernador del estado y los secretarios de educación, general de gobierno, de finanzas y administración y de desarrollo social y del contralor general. Llama la atención que la propuesta de acuerdo no contemple la jurisdicción municipal y pretenda imponerse sin el consentimiento del Cabildo Municipal. El Museo es propiedad del municipio, no del estado. Y son atribuciones del Cabildo determinar lo concerniente al Museo. Se argumenta en el documento “que la ley del Municipio Libre y su reglamento indican que el asunto cultural será atendido por coadyuvancía (sic), impulsando las políticas culturales determinadas por el Sistema Estatal de Cultura”. Al omitir del documento a las autoridades municipales como firmantes y, por lo mismo, co-responsables, el principio de “coadyuvancia” se viola. Aunque en las obligaciones y atribuciones, se indica que aportarán recursos económicos, materiales y humanos.
Se argumenta, además, “que la participación organizada de la ciudadanía en los establecimientos públicos está contemplada en la Ley que establece las bases para el fomento de la participación de la comunidad”; es decir, se plantea prescindir de la participación civil representada, en este caso, por MusCom Cuijla, A. C. Traigo a colación las palabras de Sari Bermúdez, presidenta del Conaculta: “Tradicionalmente, al Estado le ha correspondido la rectoría de las políticas culturales. El Estado ha sido el principal promotor y difusor de la cultura. Sin renunciar a esta larga tradición, en esta nueva etapa histórica, proponemos nuevos modelos de impulso a la cultura, en los que la participación ciudadana será prioritaria. En los últimos años, la participación ciudadana ha ido ganando espacios y ha sido uno de los grandes agentes del cambio, pero hoy, exige convertirse en el eje mismo de la construcción de una sociedad plenamente democrática. Este nuevo modelo en el que el Estado y la sociedad civil, comparten responsabilidades entorno a la cultura, está logrando un lugar prominente en la agenda política nacional”.
No creo que el gobernador del estado esté enterado de las consecuencias e implicaciones de la medida que propone. ¿O sí? Si estuviera informado debería actuar con más inteligencia, sobre todo considerando las calamitosas experiencias de las actividades culturales realizadas por los funcionarios de cultura en el estado. Y recupero de Las Jornadas Alarconianas los malos manejos de los recursos económicos, por ejemplo. En este hipótesis, el gobernador debería dar marcha atrás a la actual pretensión de acuerdo y volver a los acuerdos tenidos con MusCom Cuijla, A. C., para garantizar que la población siga participando. Además, sigue siendo válido el razonamiento de Andrés Manzano: basta el capricho de un presidente municipal para echar abajo todo lo logrado y construido. De otro modo, parece capricho la actitud del director del IGC, avalada ahora por el gobernador, para bloquear la participación de ciudadanos cuijleños en la administración del Museo, baluarte de la identidad costachiquense. Porque si el gobernador está informado y propone lo tal, ¿será que no el interesa el asunto? ¿O habrá algún beneficio oculto? Porque las consideraciones que se hacen en el documento suenan tan falsas como una moneda de siete y medio. Por ahora prefiero pensar que algunos políticos son capaces de todo con tal de destruir lo que no entienden. Tenga una cosa presente, señor gobernador, los miembros de MusCom Cuijla, A. C. no le aventaron huevos ni le realizaron manifestaciones en contra. Al contrario, siempre están dispuestos a dialogar si se trata de encontrar soluciones adecuadas a problemas tan delicados como este. O, ¿a poco de verdad eso de la cultura no les importa y les vale verga?
